Escribí la primera versión de este artículo hace algunos años. Esta es una versión revisada y actualizada con datos a octubre de 2026.
Primero, ¿para qué se construye una PTAR?
Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) se construye para tratar el agua residual que proviene de casas habitación, hospitales, hoteles, comercios y, en ocasiones, industrias. El agua tratada debe alcanzar cierta calidad, según la norma aplicable o el uso que se le vaya a dar. En México, el destino más común del agua tratada es la descarga directa a un río o el riego agrícola y, en menor medida, el riego de jardines o su uso en procesos industriales (por ejemplo, en torres de enfriamiento).
La prueba fehaciente de que una PTAR funciona está en su descarga: si cumple con la norma o con la calidad esperada, la planta funciona. ¿Eficientemente? Esa es otra historia: puede gastar demasiado en electricidad, generar lodo en exceso o consumir grandes cantidades de insumos (coagulantes, cloro, etc.). Las plantas de las capitales y grandes ciudades suelen, en general, cumplir. Este artículo trata de las otras: las de cientos de municipios medianos y pequeños, donde está el verdadero rezago.
Además, la vara subió. La NOM-001-SEMARNAT-2021, publicada en marzo de 2022, sustituyó a la norma de 1996 —que llevaba 25 años sin cambios— con límites más estrictos y nuevos parámetros, como toxicidad y color, que entran de forma escalonada. Si ya costaba cumplir con la norma anterior, con la nueva cuesta más.
¿Quién es responsable de tratar el agua?
De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, son los municipios los encargados de prestar este servicio:
Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) agrega en su artículo 123 que todas las descargas deben cumplir las normas oficiales mexicanas y que:
Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.
En el mismo sentido, la Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 85 que quienes usen aguas nacionales —incluidos los tres órdenes de gobierno— son responsables de prevenir su contaminación y de:
…reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior y mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales.
Y el artículo 88 BIS obliga a tratar las aguas residuales antes de verterlas cuando sea necesario para cumplir el permiso de descarga y las normas oficiales. En resumen, rige el principio de «quien contamina, paga». En la práctica, sin embargo, son los municipios los que deben construir y operar las plantas.
El panorama en cifras
Según el inventario de Conagua con datos a diciembre de 2024, analizado por Juan Manuel Morgan-Sagastume (UNAM):
Hay dos detalles que el promedio no cuenta. Primero, las plantas instaladas tienen capacidad para unos 195,000 litros por segundo, pero solo tratan unos 144,000: cerca de una cuarta parte de la capacidad construida no se usa. Segundo, el inventario solo cuenta las plantas en operación; las que están abandonadas o que nunca arrancaron simplemente no aparecen. Y las diferencias entre estados son enormes: Chiapas, por ejemplo, trata alrededor del 30 % de sus aguas residuales, menos de la mitad del promedio nacional.
Para dimensionar la inversión pendiente: esos 250 mil millones de pesos equivalen a unas seis veces el presupuesto anual de Conagua.
¿Qué implica tratar el agua residual?
El saneamiento abarca desde el drenaje hasta la planta de tratamiento y, como podrías esperar, no es nada barato. Solo la planta requiere:
- Una obra civil importante.
- Consumo eléctrico constante.
- Equipo electromecánico (sobre todo bombas, mezcladores y cribas mecánicas) que hay que reemplazar con frecuencia, pues el agua residual es muy corrosiva.
- Insumos como cloro y coagulantes, entre otros.
- Personal capacitado para operarla y laboratorio para verificar que cumple.
Construir es la parte fácil: el reto es pagar la operación todos los meses, durante décadas. Por eso tantas plantas se inauguran y, al poco tiempo, se apagan.
PTAR: ¿privadas o públicas?
En ocasiones, los municipios concesionan el tratamiento a una empresa privada por un periodo largo (a veces de varias décadas). En otros casos, el municipio le paga a una empresa para que opere la planta, es decir, subcontrata el servicio.
Hay buenos ejemplos de este esquema en Guanajuato y Querétaro, donde algunas plantas mantienen una excelente calidad de agua e incluso generan electricidad con el biogás que produce la digestión anaerobia de sus lodos. Pero no todas las concesiones han salido bien, y lo que marca la diferencia no es tanto quién opera, sino cómo está hecho el contrato: que se pague por agua tratada que cumple la norma, que haya supervisión independiente y que exista una fuente de ingresos estable para cubrir la operación. Un organismo público bien financiado y profesionalizado puede funcionar igual de bien.
¿Por qué fallan tantas PTAR?
Como señala Pacheco Vega, entender por qué es tan ineficiente el saneamiento en México requiere conocer mucho de lo que ocurre «tras bambalinas» en la compleja política hidráulica del país. Aun así, hay problemas que se repiten.
1. El dinero no alcanza (y cada vez es menos)
El saneamiento nunca ha sido prioridad de los gobiernos de México. El mayor impulso llegó con Calderón, cuyo ejemplo más visible es la PTAR Atotonilco, con capacidad para tratar hasta 35,000 litros por segundo en temporada de lluvias. Con Peña Nieto, el presupuesto creció de 2013 a 2018, con un pico en 2016. En 2019 y 2020, el gobierno de López Obrador recortó de forma importante el presupuesto de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 apenas mencionaba el tratamiento de aguas.
La tendencia no se ha revertido. El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum incluye el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, lo cual es una buena noticia. Pero el presupuesto de Conagua para 2026 quedó 46 % por debajo del de 2024 en términos reales, y el proyecto de presupuesto 2027 propone recortar casi 20 % el programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (de 16,948 a 13,577 millones de pesos) y más de 21 % el de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, que apoya directamente a estados y municipios. Con esos montos, la brecha de 250 mil millones no se cierra.
2. El saneamiento no se cobra
Revisa tu recibo del agua: probablemente incluya un cargo por alcantarillado y saneamiento, y probablemente sea minúsculo. Cuando escribí la primera versión de este artículo, en Durango era de 6.71 pesos al mes. ¿Se puede operar una o varias PTAR —más todo el drenaje— con esa cantidad por casa? En México el saneamiento prácticamente no se paga, y sin ingresos propios, los municipios dependen de subsidios federales que suben y bajan cada año.
3. Corrupción, mal diseño y abandono
En el peor de los casos, la planta es solo un conjunto de tanques por donde «pasa» el agua residual: tal como entra del drenaje, así sale al río. Hay obras mal diseñadas, sobrecostos, plantas inauguradas que nunca operaron y otras que se abandonaron cuando se acabó el dinero o cambió la administración municipal.
Algunos ejemplos (y sí, se supone que todas son plantas de tratamiento de aguas residuales):
Tanques azolvados de lodos, estructuras dañadas, equipos robados y plantas que existen en el papel, pero no en el terreno. Ninguna de ellas aparece en las estadísticas de tratamiento, pero todas costaron dinero público.
4. Casi no hay sanciones
La ley contempla multas y obligaciones claras, pero se aplican poco, sobre todo cuando quien incumple es otro nivel de gobierno. Mientras incumplir no cueste, apagar la planta para ahorrar en luz y personal seguirá siendo la decisión «racional» para muchos municipios.
5. Cultura
No hay conciencia de lo que sucede con el agua después de jalar la cadena. Seguimos tirando basura a la calle, que termina dañando cribas y equipos de bombeo, y está tan normalizado que los ríos sean drenajes a cielo abierto que a pocos les sorprende. Sin presión ciudadana, el saneamiento no gana elecciones.
El costo de no tratar el agua
Cuantificar el costo de no tratar las aguas residuales es difícil, pero es significativo. La inacción afecta principalmente:
- Salud: enfermedades por beber o bañarse con agua contaminada, por consumir alimentos regados con agua residual con patógenos o por contacto directo al trabajar o jugar en zonas regadas con ella.
- Ambiente: pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas (eutrofización y zonas muertas), malos olores, pérdida de espacios recreativos y más emisiones de gases de efecto invernadero.
- Economía: menor productividad agrícola e industrial, menor valor de mercado de las hortalizas regadas con agua residual y menos turismo.
¿Qué podría funcionar?
- Cobrar el saneamiento de verdad, con tarifas que cubran la operación y con ese dinero etiquetado para el tratamiento, no para el gasto corriente del municipio.
- Financiamiento estable y multianual. Una planta necesita décadas de operación, no un subsidio que aparece y desaparece cada ejercicio fiscal.
- Rehabilitar antes que construir. Recuperar la capacidad instalada que hoy no se usa es más barato que levantar plantas nuevas.
- Organismos operadores profesionales e intermunicipales, para que los municipios pequeños compartan personal técnico y no dependan de cada cambio de administración.
- Contratos por desempeño, públicos o privados: se paga por agua tratada que cumple la norma, verificada por terceros.
- Tecnologías adecuadas a cada lugar. En localidades pequeñas, humedales artificiales o lagunas de estabilización bien diseñadas pueden funcionar mejor que plantas complejas que nadie puede operar.
- Transparencia: publicar en línea los datos de operación y calidad de descarga de cada PTAR. Lo que se mide y se ve, se exige.
Referencias
- Morgan-Sagastume, J. M. (2026, 12 de mayo). Aguas residuales municipales en México: reflexiones sobre un reto. UNAM Internacional, 12. Enlace
- Conagua. Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación (datos a diciembre de 2024), citado en Alerta Chiapas (2026, 21 de julio). Enlace
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2022). NOM-001-SEMARNAT-2021. Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2022. Resumen en Holland & Knight: enlace
- Castillo, A. (2025, 3 de octubre). Rezagos en infraestructura hídrica y recorte al presupuesto de Conagua en 2026. Expansión Política. Enlace
- Zafranet (2026, 9 de septiembre). Conagua aumentaría 5.6 % su presupuesto en 2027, pero reduce recursos para agua potable y saneamiento. Enlace
- iAgua (2024). Claudia Sheinbaum presenta Plan Nacional Hídrico de México. Enlace
- iAgua (2013). La PTAR Atotonilco beneficiará a más de 700,000 personas de la región. Enlace
- Pacheco Vega, R. (2007). Participación de la Comisión Nacional del Agua en el tratamiento de aguas residuales en la Cuenca Lerma-Chapala: estadísticas federales y realidades estatales. Región y Sociedad, 19(39), 55-76. Enlace
- Economic valuation of wastewater: the cost of action and the cost of no action. Enlace
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